Habitualmente las noticias con un marcado carácter político
suelen ser siempre controvertidas, pero en este caso la propuesta de la Unión
Europea del Fondo Social Europeo (FSE) para el
periodo 2014-2020 trae aspectos tremendamente interesantes: La inclusión social y la desinstitucionalización de las
personas con diversidad funcional.
Entre los
cambios del nuevo plan aparece la asignación de al
menos el 20 % del Fondo a la inserción social significa que las personas en
dificultades o pertenecientes a grupos desfavorecidos recibirán más apoyo, con
el fin de que puedan integrarse en la sociedad en igualdad de oportunidades.
Igualmente en su
reglamento, en el punto 19 dice “El FSE debe respaldar el cumplimiento de las
obligaciones de la Unión en virtud de la Convención de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por lo que se refiere,
entre otros aspectos, a la educación, el trabajo, el empleo y la accesibilidad.
El FSE debe asimismo promover la transición de una asistencia institucional a
otra de ámbito local. El FSE no debe apoyar ninguna acción que favorezca la
segregación o la exclusión social.”
Esta visión de
la Unión Europea, en lo referido al uso de los citados fondos, parece no estar
en la sintonía de lo que la Administración del Estado Español viene llevando a
cabo, aunque al ser de obligado cumplimiento, esta información es
suficientemente relevante como para que todas aquellas organizaciones que
requieran fondos estructurales, puedan acogerse a estos aspectos para poder
tener acceso a estos fondos.
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