Las contrataciones se realizarán a través de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales y de organizaciones sin ánimo de lucro en Castilla y León.
Trabajadores en riesgo de exclusión social son aquellos que son perceptores de renta garantizada de ciudadanía e, igualmente, a todos aquellos que habiendo agotado prestaciones se encuentren entre los colectivos de mayores de 50 años, víctimas de violencia de género, víctimas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, participantes en el Programa Personal de Integración y Empleo, desempleados como consecuencia de un despido colectivo, y personas toxicómanas rehabilitadas, expresidiarios y pertenecientes a minorías étnicas.
La Junta de Castilla y León destinará casi 11 millones de euros a la contratación de personas para la realización de obras y la prestación de servicios de interés general y social. Los trabajadores contratados deben estar en situación de exclusión social y desempleo y hallarse inscritos como demandantes de empleo, no ocupados, en el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. ECyL calcula que con este plan de empleo para personas en situación de exclusión social y desempleo se podrán realizar en torno a 2.100 contrataciones durante un periodo mínimo de seis meses, a través de las entidades locales y de las distintas entidades sin ánimo de lucro de la comunidad autónoma.
Los contratos se realizarán a través de los ayuntamientos de la comunidad autónoma cuya población sea igual o superior a 2.000 habitantes, de acuerdo con el padrón del año 2012. También se hará a través de las diputaciones provinciales, que podrán emplear directamente, o través de ayuntamientos con menos de 2.000 habitantes y mancomunidades. De esta forma la Junta de Castilla y León apoya a los ayuntamientos con mayores recursos pero también a aquellas entidades locales de menor tamaño para que puedan atender la prestación de servicios básicos.
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